¿A quién recurrir en caso de desahucio en Coslada?

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un reportaje de Sonia Murillo

Los desahucios son una realidad que cada vez afecta a más gente en nuestro país. Coslada tiene una de las tasas más bajas de toda la Comunidad de Madrid, aunque los afectados no son po- cos. Desde el inicio de la crisis, en el año 2007, su incidencia ha aumentado más de un 300%.

Se trata de un proceso bastante largo que puede llegar a durar varios años. Se inicia con una solicitud de ejecución hipotecaria por vía judicial de la entidad bancaria. Si la sentencia es favorable al demandante, se irá pasando por una serie de etapas que, solo en algunos casos, finalizarán con la subasta del inmueble y el posterior desalojo de sus habitantes.

Las historias que hay detrás de cada uno de los procesos de ejecución se repiten y conllevan graves problemas personales previos. Mujeres que se quedan solas a cargo de sus hijos, familias en las que ninguno de sus miembros trabaja o tienen empleos precarios, ancianos que avalaron las hipotecas de sus hijos… el perfil es muy diverso.

Hace tan solo unos días se produjo un desahucio en Coslada. El primero que ha pasado por las manos de la PAH. La afectada prefirió abandonar la vivienda que recientemente había sido adquirida por una inmobiliaria.

Esta situación supone un gran daño psicológico para las personas que la atraviesan, pero también un desafío a otros niveles. Muchos atraviesan una situación desesperada, no tienen recursos económicos para contratar los servicios de un abogado y se encuentran en un escenario de total desamparo. Por tanto, tratar de gestionar por ellos mismos el problema con las entidades bancarias es casi imposible. “Además no te hacen caso”, nos cuenta una afectada que prefiere permanecer en el anonimato. “Son muy prepotentes y te intimidan”.

Para paliar esta situación de indefensión surgen en Coslada dos maneras diferentes, y al mismo tiempo complementarias, de enfrentarse a ella. La primera, conocida por todos, ha demostrado su eficacia en numerosas ocasiones.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), creada por los propios ciudadanos para mediar con los bancos sobre moratorias, dación en pago o alquileres sociales. La segunda es de reciente creación en nuestro municipio, se inauguró el 23 de septiembre de 2015. Se trata del servicio del Intermediación Hipotecaria que presta el Ayuntamiento de Coslada desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Concejalía de Salud y Consumo) y que se implantó tras la llegada del nuevo Gobierno.

Hemos hablado con los responsables de ambas. Cada una a su manera, tratan de prestar un servicio a los ciudadanos que atraviesan por una situación que ha sacado de sus viviendas habituales a más de 100.000 españoles en los últimos dos años.

La OMIC es “un servicio gratuito de información, asesoramiento e intermediación” dirigido a cosladeños en riesgo de perder su vivienda habitual por no poder hacer frente a su deuda hipotecaria.

Los ciudadanos que demandan el servicio deben solicitar una cita previa en la OMIC (916 278 258) donde trazarán una hoja de ruta para impedir el desahucio.

También actúan como intermediarios cuando la oficina bancaria se encuentra dentro del municipio, aunque nos cuentan que, depende de la predisposición de cada entidad para recibirles.

Ayudan a preparar la documentación necesaria para que puedan acogerse a las medidas que establece el Código de Buenas Prácticas Bancarías. Aquí se establece que los afectados pueden solicitar una moratoria, una quita parcial de la deuda o a la dación en pago en función de sus recursos económicos.

Desde su apertura, han intervenido en unos 20 casos (la mayoría pendientes de reso- lución aun) y hasta el momento todos han tenido final feliz.

La PAH de Coslada y San Fernando es hija del Movimiento 15M y nació en 2011. La activista Tania Gómez es la encargada de dirigir las Asambleas. Los afectados se reúnen todos los viernes a las 18:30 en la Asociación de Vecinos Fleming (C/ Doctor García Ortiz no 7) y allí exponen sus casos.

Tania nos cuenta que actualmente trabajan con unos 30 aproximadamente pero que han llegado a tener más de 60 al mismo tiempo.

A partir de este momento la PAH pone sus en- granajes en marcha y comien- zan a trabajar mediante dos vías. “Acudimos a los juzgados y al banco. Si el afectado tiene unos ingresos superiores al salario mínimo, contrata a un abogado, si no, solicitamos la justicia gratuita. También negociamos con el banco de forma particular, sin que intervenga la justicia y convoca- mos acciones para que se visi- bilice el problema”, nos cuenta.

Pero la PAH también cuenta con sus propios asesores jurídicos. Entre ellos está Álvaro Garrido, un estudiante de derecho que se encarga de los casos más complejos. El resto han aprendido a llevarlos los propios afectados. A través de su experiencia personal ayudan a sus compañeros. “Todos los viernes solucionamos algo”, nos cuenta otra de las afectadas que debe hacer frente sola a una deuda de más de 300.000 € por un piso de 60 m2 construido en los años 40.

“Las asambleas”, nos relata su compañera, “sirven de terapia. Cuando nos ocurre esto nos sentimos muy culpables. Yo me quedé viuda y ahora, además de mi casa, está en peligro la de mi suegra, que nos avaló. Al venir te desahogas, ves que no estás solo”.

“Yo llevaba un año tomando pastillas y aterrada, antes de estar aquí”, relata una de las afectadas, “por eso, animo a todo el mundo que esté en esta situación a venir. De verdad que ayuda mucho”. Además de gestionar la ejecución hipotecaria, la plataforma también se encarga de negociar una solución habitacional para los afectados, que en la mayoría de los casos pasa por un alquiler social en la propia vivienda.

En opinión de los miembros de la PAH, sin la presión social que han ejercido nunca se habría creado la OMIC. “Es un logro importante pero ha llegado tarde y creo que el servicio se queda corto”, concluye Álvaro Garrido.

En cualquier caso, la conclusión por ambas partes está clara. Si los afectados recurren a alguna de estas dos alternativas, las posibilidades de perder su vivienda disminuyen significativamente. Ninguno de los casos que había pasado hasta ahora por manos de la OMIC y de la PAH habían ter- minado en desahucio. El mensaje que lanzan ambos es positivo. Con su ayuda se puede conseguir una solución satisfactoria.

¿Cuántos desahucios se han producido en Coslada?
Nadie parece tener la respuesta para esta pregunta. Tenemos estadísticas, sí, pero no un número. Los datos que recopila el Consejo General de Poder Judicial son globales, de forma que no se puede saber a ciencia cierta la cantidad de desahucios que se producen a nivel municipal. Los juzgados, encargados de tramitar las ejecuciones hipotecarias, tampoco se pronuncian al respecto, escusándose en la Ley de Protección de Datos y el Derecho a la Intimidad. Este tipo de cifras, que podrían servir para medir el riesgo de exclusión social en las distintas ciudades de la Comunidad de Madrid, o no se recopilan o no se hacen públicas. Con ellas, podrían establecerse planes de ayuda social mucho más eficaces y establecer un mapa preciso y actualizado de la incidencia de esta prob- lemática. Con ellas, los ciudadanos podrían hacer oir sus voces y exigir a sus respectivos ayuntamientos algún tipo de protección social para sus vecinos. Luis Quiñones, de Somos Coslada y miembro de la PAH, nos cuenta que ellos han tenido las mismas dificultades a la hora de recopilar información sobre el número de casos que se han producido en nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento nos remiten a la OMIC, que solo tiene datos desde su creación, hace 7 meses. Y achacan la falta de información al cambio de Gobierno. De los 20 expedientes que han tramitado, 13 siguen pendientes de resolución, seis se han resuelto con una carencia o con dación en pago y en y en el restante, no pudieron intervenir. Pero, ¿qué hay de las familias que han perdido sus viviendas entre 2007 y el presente año? ¿Dónde están ahora?

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