El 23 de febrero de 1981 el diario El País publicaba en su portada a cinco columnas y cuerpo 72 un titular que forma parte ya de la historia reciente de España: ‘El País, con la Constitución’. Eran las 20.30 horas y el coronel Tejero se encontraba todavía en el interior del Congreso de los Diputados tratando de sacar adelante un golpe de Estado al que aquella portada en blanco y negro se oponía frontalmente.

Con esas cinco palabras de marmóleo cuerpo negro, el periódico de la transición ayudaba a diluir la incertidumbre de millones de españoles, vaticinando el fracaso del golpe y la confianza y fortalecimiento de la recién aprobada Constitución de 1978.

36 años después el mismo periódico parafraseaba aquella frase sin verbo el 1 de octubre de 2017, día en el que lo independentistas catalanes convocaron su referéndum. En esta ocasión el diario optaba por situar su Editorial en la portada y sustituir, con acierto, la palabra Constitución por la de Estatut.

Hoy 42 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, según dicen, el periodo más próspero del país, no queda apenas nada de aquel fertil consenso que dio a luz al texto magno. Conviene recordar, sobre todo a quellos que ponen en duda la validez de aquel referéndum histórico del 78 –adoptando una postura claramente antidfemocrática. Muchos son demócratas hasta que la democracia dicta algo diferente a su parecer–, que el texto magno contó con la participación de todos los polos de la política española: desde la derecha franquista hasta el recién legalizado Partido Comunista de España pasando por los nacionalistas vascos y los catalanes.

Hoy, cuatro décadas después, la polarización política está secuestrando la capacidad de consensuar, de ceder y empatizar con el vecino. Hoy, casi a la manera preconstitucional, se le da excesiva importancia al pensamiento político del otro, y enseguida, a golpe de twit, de chispazo irreflexivo, situamos a unos o a otros en una silla o en otra, como si no fuéramos más que eso, animales políticos de una u otra bandera.

Es necesario, hoy, revivir el espíritu de consenso de aquellos padres de finales de los 70, 40 años de dictadura dan mucho para pensar, que antepusieron el bien del país al de sus propias ideas políticas. No demos tanta importancia al pensamiento político, seamos, ante todo, demócratas.

Esto no significa que la Constitución sea una Biblia. Es seguro que el texto de nuestra democracia necesita reformas de cara a que las nuevas generaciones se identifiquen con ella y les ofrezca un horizonte de ilusión común en el que llevar a cabo una vida feliz y próspera.

Es necesario conducirla hacia una separación real de los tres poderes. Donde la justicia pueda aplicar la ley sin coacciones políticas y se lleven a cabo las sentencias, acorde a la Ley (aprobada democráticamente por todos los españoles), sin perjuicio de que pueda ser anulada a conveniencia del gobernante de turno. La Ley ha de ser la misma para todos y nadie puede estar por encima de ella. El delito, en la democracia, se paga. Donde no se paga es en las dictaduras.

Por esta razón, la reforma de la Constitución debe situar a todos los españoles bajo el martillo de la justicia. Y habrán de rendir cuentas ante ella tanto aquellos que la violentan con referéndums particularistas como a aquellos que han avergonzado al país y dado una imagen detestable negociando con su posición y llenándose el bolsillo de dinero negro, como el Rey.

Esta Constitución ha de actualizarse. Hacerse más permeable a las necesidades morales del presente y, sobre todo, del futuro. La igualdad de géneros, el cuidado del medio ambiente, la justicia social y una justa libertad de expresión deben ser pilares fundamentales del texto sagrado. Y habrán de ser refrendado no solo por los españoles, sino por Europa, con el fin de que las instituciones comunitarias no tengan que dar más toques de atención ni a la justicia ni a la política española. Cuidado, no somos ni Hungría ni Polonia, y no se ve cómo paises de este calado pueden pertenecer al espíritu democrático que subyace de Europa.

A menudo creen aquellos que defienden la república que se trata de un sistema más equitativo. No es el caso desde luego de Polonia y Hungría, dos repúblicas. Es decir, España podrá dirigirse hacia una república siempre y cuando ésta garantice, amplíe, los derechos sociales. Pero no se ve, ni de lejos, qué beneficios sociales podría aportar un sistema tal en España. O al menos qué derechos son aquellos que puede garantizar una república y no pueda hacerlo una monarquía constitucional como la española.

Las urnas están ahí. Y la posibilidad de un referéndum para tratar este asunto no debe de dar miedo a nadie. Menos aún a los constitucionalistas, que conforman el 80% de la población del país, y así lo llevan confirmando una legislatura tras otra durante 40 años.

En este punto conviene recordar aquella máxima apócrifa de Voltaire, gran figura de la Ilustración francesa que dio pie a las constituciones democráticas contemporáneas, y que venía a decir algo así como “no comparto su opinión pero defenderé hasta la muerte su derecho a expresarla”.

Nuestra Constitución recoge precisamente este derecho. Y sin él, episodios como el de los independentistas catalanes nunca podrían haber ocurrido. No será tan coja pues nuestra Carta, bien que le haga falta una reforma en la fachada. Pero siempre desde la Constitución y la Democracia, del griego dēmokratía, demos (pueblo)-kratos (poder), poder del pueblo.

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