Los presupuestos de 2016 fijaban que la cuantía se destinase a soterramiento de contenedores y mantenimientos de cementerio, colegios y teatro municipal.

Venta de la parcela junto a Paladium
La parcela de la discordia se usa hoy para las defecaciones de los perros.

No habrá venta de la parcela que hay entre los juzgados y los restos de la discoteca Paladium.

El Gobierno de Ángel Viveros no ha conseguido sacar adelante la enajenación del terreno, con cuya venta contemplaba soterrar parte de los contenedores de papel y vidrio y llevar a cabo diversas reformas en el cementerio, colegios de la ciudad y gastos del teatro municipal, según fijaban los presupuestos municipales de 2016.

Son apenas 200 metros cuadrados que actualmente están destinados para las defecaciones de los perros, pero el Ayuntamiento tenía previsto sacarles 3,4 millones de euros.

Todo iba bien hasta 16 de diciembre. La Comisión Informativa del Consistorio vota a favor para que la venta se lleve a pleno el 29 de diciembre.

El Ayuntamiento solo recibió una oferta de compra tras quedar desierto el concurso. Acorde con la ley, la parcela puede ser vendida de forma directa siempre y cuando se mantengan las condiciones del pliego del concurso.

Llegó entonces la oferta de la constructora Alcisa, una empresa que ahora mismo está trabajando en la línea de alta velocidad de Medina a La Meca. La constructora pone 3,4 millones de euros encima de la mesa para hacerse con un terreno en el que construir viviendas.

El 29 de diciembre los planes que el Gobierno local había trazado en sus presupuestos se fueron al traste. El pleno rechazó la venta de la parcela ante la estupefacción del Ejecutivo local y de la empresa ofertante.

Alcisa recurrió la decisión del pleno. Recurso tenido como favorable por los informes técnicos del Ayuntamiento. El 11 de febrero el recurso se lleva a Comisión Informativa, un organo formado por todos los grupos políticos, y vuelve a votarse en contra.

El pasado 15 de febrero el Gobierno de Viveros vuelve a llevarlo a pleno para intentar sacar el procedimiento adelante encontrándose con la oposición de frente, que vota en contra de la venta de la parcela. Solo Ciudadanos Coslada votó a favor.

La concejala de Urbanismo Charo Arroyo manifestó su perplejidad ante el cambio de opinión de los grupos: “Antes era de interés público y ahora ya no lo es”, ha explicado.

Arroyo cree que esto puede tener consecuencias legales y cita los Informes de los Servicios Jurídicos Municipales. En este sentido, la también primera teniente de alcalde afirmó que “con esta paralización no pierde el equipo de Gobierno, sino todos los cosladeños y cosladeños, que se verán privados de una oportunidad de mejorar la ciudad”, por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad grupos municipales para que den su visto bueno a la oferta.

Para Somos Coslada, que se abstuvo en principio para después votar en contra, se trata de convicciones políticas.

Según manifestó Luis Quiñones en la sesión plenaria, los motivos que su partido arguyó para posicionarse en contra son evitar la “descapitalización del Ayuntamiento” —apenas quedan metros cuadrados de terreno por vender en Coslada—, “construcción de vivienda pública en el municipio”, que urge que el terreno sea público, y estar en contra de la especulación inmobiliaria.

El Ayuntamiento aduce que si la parcela se hubiese destinado a vivienda pública lo tendría que haber gestionado la EMVS. “No era el caso, hacía falta capital para poder invertir en nuestra ciudad y decidimos vender a un tercero. La vivienda social llegará con el desarrollo del barrio del Jarama y la Barrancosa”, ha explicado la concejala de Urbanismo.

Quiñones criticó al Ejecutivo local que estos argumentos no les fueran presentados a la empresa, motivando que ésta puediese llevar a cabo recurso, según sus declaraciones.

El ex alcalde popular de Coslada Raúl López lo expresó en el pleno de la siguiente forma: “El Partido Popular no votó sus presupuestos, otros partidos sí, pero no el PP”. “Nunca votamos a favor de la enajenación de la parcela”.

López Vaquero explicó que durante su gobierno se barajó la posibilidad que la parcela en venta y la que ocupan actualmente los restos de Paladium fuesen desarrolladas en un proyecto urbanístico unitario.

“Es una zona muy importante como para enajenar una parcela municipal sin un estudio de cómo se va a desarrollar toda esa zona”, “por eso hemos votado en contra”, dijo López Vaquero en el pleno.

El portavoz popular se quejó, no sin cierta sorna, de que a su gobierno se le solicitasen informes de impacto acústico, de tráfico, etc. para sacar adelante el proyecto Garaeta y la venta de esta parcela no contemplase su proyecto más definido. También de que a su gobierno se le boicotease el centro de formación de hostelería que había proyectado. “Nosotros nunca hemos boicoteado. Siempre hemos pensado en lo que era más adecuado para la ciudad. Por eso tendimos la mano al PSOE al comienzo de la legislatura”, explicó López Vaquero a El Comarcal.

No lo ve así la concejala de Urbanismo. Defiende que su partido nunca ha votado en contra de informes técnicos favorables. También que lo que se ha intentado con el proyecto Garaeta es “mejorarlo para mejorar la ciudad”. “Es su criterio. El boicot continuo que se está haciendo a este equipo de gobierno es un camino equivocado”.

Matizó el problema el concejal no adscrito Pedro San Frutos. “Las inversiones previstas en los presupuestos de 2016 no valen si se prorrogan los presupuestos”. San Frutos criticó  que el gobierno municipal haya llegado a un acuerdo con Ciudadanos y no “haya hablado” con las fuerzas con las que llegó a un acuerdo para los presupuestos de 2016.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Coslada, Bernardo González, explicó a El Comarcal que su partido votó a favor de la venta de la parcela porque ha llegado a un acuerdo con el PSOE para que las inversiones previstas con su venta se mantengan en los presupuestos de 2017.

El portavoz naranja lamenta que el resto de los partidos de la oposición, a pesar de apoyar los presupuestos de 2016 con su abstención “no cumplan sus acuerdos”.

Ahora falta que el recurso interpuesto por Alcisa siga su tránsito. La multa por no haber seguido los trámites correctos es de 1.000 euros aunque el juez podría dictar indemnizaciones a la empresa superiores. También obligar al Ayuntamiento a vender la parcela.

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