Creen que podría interferir en el proceso judicial y crear juicios paralelos.

Votación por la comisión de investigación Caso Calvario
Los concejales del Partido Popular votando en contra.

Esta tarde se ha celebrado la sesión plenaria de enero en la que se votaban dos importantes mociones, de Ciudadanos y Somos, para la creación de una comisión informativa de investigación sobre el caso del yacimiento de El Calvario.

Ninguna de las dos ha conseguido salir adelante ante los votos en contra de PSOE, Partido Popular y el concejal no adscrito Juan Manuel Martín.

El caso del Calvario ha llevado a la investigación de cuatro miembros del actual Gobierno Municipal del Partido Socialista: Iván López, concejal de Cultura; Charo Arroyo, concejala de Urbanismo; Teresa González Ausín, concejala de Asuntos Sociales; y el alcalde, Ángel Viveros. También han sido llamados a declarar el ex alcalde popular Raúl López Vaquero; el ex portavoz de IU-CM en Coslada, Pedro San Frutos; y tres ediles que ya no están en la Corporación: Ana Belén Guillén Pablo, Manuel Torrús Castilla y Antonio Murillo. También ha sido llamado por el Juzgado Nº3 el arquitecto municipal José Luis Alonso Davila.

La Comunidad de Madrid no llegó a declarar el yacimiento como BIC.

Todos ellos formaban parte de la Junta de Gobierno que en 2010 dio licencia de obras en la parcela donde está prevista la construcción de El Corte Inglés, y que contenía un yacimiento arqueológico con bienes paleolíticos y neolíticos, hechos que han sido denunciados por la Fiscalía de Medio Ambiente y que ahora el juez investiga.

Según han publicado distintos medios de comunicación, el Ayuntamiento había solicitado ya en 1992 la declaración del yacimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) a la Comunidad de Madrid, sin que ésta llegase nunca a producirse. Un silencio que llevó al Ayuntamiento ha dar licencia de obras para el movimiento de tierras y la construcción de la parcela.

Ciudadanos y Somos Coslada solicitaban en sus mociones la creación de una comisión de investigación que aclarase cómo se llevó a cabo todo el proceso.

“Es necesario que los vecinos sepan qué paso y cómo ocurrió”, ha explicado esta tarde Bernardo González, portavoz de Ciudadanos Coslada. “¿Se atendió a los informes?”, preguntaba el portavoz para justificar la creación de la comisión.

También ha explicado que la comisión facilitará el acceso a toda la información sobre el caso “aunque esté judicializado”.

La portavoz de Somos Coslada, Virginia Robles, ha hecho hincapié en que se trata de una operación urbanística de más de 30 millones de euros “y la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que ha ocurrido”.

Robles también ha preguntado qué responsabilidades tendrá el Ayuntamiento en caso de que El Corte Inglés no pueda finalmente construir su centro comercial. También ha insinuado que los problemas que se están generando son consecuencia de haber hecho una permuta con El Corte Inglés en lugar de a través de contrataciones públicas.

Por su parte, uno de los investigados, Pedro Sanfrutos considera “razonable” que se lleve a cabo una comisión de investigación, aunque cree que será un problema ya que el caso está inmerso en un proceso judicial.

En la misma línea, la portavoz del PSOE y concejala de Hacienda, Macarena Orosa, ha explicado que su partido apoyará la comisión de investigación “en el momento adecuado”, no actualmente, ya que no quieren “interferir en la investigación judicial” ni ser partícipes del “linchamiento político” que podría suponer la comisión. “No queremos juicios paralelos, dejemos actuar a los tribunales”, ha defendido Orosa.

Misma justificación desde las filas del Partido Popular. Creen que no es necesaria una comisión de investigación porque todos los concejales tienen acceso a la información que deseen a través del interventor del Ayuntamiento. “Tenemos más confianza en lo que diga un juez que lo que diga una comisión. Es una cuestión más técnica que política”, ha explicado Andrés Alonso.

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