La Delegación del Gobierno publica las cifras del problema en la Comunidad de Madrid.

Según los datos aportados por la Delegación del Gobierno en Madrid, en la Comunidad hay 3.994 viviendas ocupadas. De éstas, 108 están en Torrejón, situando la localidad entre las cinco con más incidencia en el fenómeno de la ocupación.

La primera es Fuenlabrada (210) y le siguen Móstoles (163), Leganés (140), Alcalá de Henares (118), San Lorenzo del Escorial (73), Getafe (47), Mejorada del Campo (46),  Coslada (42), Arganda del Rey (38), Alcobendas (17), Rivas-Vaciamadrid (22), Galapagar (20), Nuevo Baztán (14), Casarrubuelos (15), Collado Villalba (14) y Pozuelo (4).

 

“Endurecer los delitos por usurpación de viviendas”

Los datos han sido recogidos por la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas de Policía Nacional y Guardia Civil. Desde que se puso en marcha en 2015, se han incentivado los juicios rápidos para este tipo de denuncias, recuperándose la vivienda en una media de entre 15 y 60 días, en lugar de los dos años que antes eran necesarios.

El problema de las viviendas ocupadas se trató en la última reunión de la Delegación del Gobierno con la Federación de Municipios de Madrid.

En la reunión, el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, expresó su “preocupación” por un problema que también afecta a la convivencia entre vecinos, y solicitó un “endurecer el delito de usurpación de viviendas por mafias que trafican con ellas”.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que se ha creado la Unidad de Mediación Vecinal de la Policía Local, cuyo objetivo es el contacto con las asociaciones y comunidades de vecinos para luchar contra las mafias y apoyar a los vecinos que sufren graves problemas de convivencia.

En la reunión se reiteró la necesidad de denunciar las ocupaciones “con la mayor celeridad posible, ya que cuanto menos tiempos estén ocupados los inmuebles más rápida puede ser la actuación y menos inseguridad y conflictos tendrán que sufrir los vecinos”.

En cuanto a los ocupas, se ha identificado desde abril de 2016 a 3.731 personas, de las que 2.597 corresponden a lo que va de año. Respecto a las características de los ocupas, más de la mitad de los identificados tenían antecedentes y el 30% están en situación irregular. El 84% son extranjeros proceden de República Dominicana, Marruecos, Rumanía, Ecuador y Colombia.

 

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